La protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas ha sido, para las distintas administraciones, una idea meramente romántica. Las principales acciones de política pública han priorizado su derecho a la libre determinación, centrado casi exclusivamente en la protección de su cultura — su vestimenta, sus tradiciones y sus lenguas — . Si bien, la protección de su cultura es muy relevante, la coyuntura exige una construcción mucho más amplia de este derecho.
La educación en México es un derecho fundamental y está consagrado en el artículo tercero de la constitución. En este artículo se reconoce: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano”.[1] Este fragmento de la constitución lleva a la necesidad de cuestionarse cuáles son las facultades del ser humano y si realmente están siendo desarrolladas por el sistema educativo del país.
¿Por qué Ciudad Juárez se convirtió en un foco de atención sobre la violencia de género en México? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a la crisis de feminicidios en la región? ¿Cómo podemos entender la impunidad que prevalece en este contexto? Estas son algunas de las preguntas que Sergio Gonzáles Rodríguez explora en su libro “Huesos en el desierto.”